Un vistazo a junio del 2009

El hostil escenario que se presentó aquel 5 de junio hace 11 años en la selva amazónica nos demuestra la evidente incapacidad de comprensión de los diversos organismos gubernamentales con las comunidades originarias del país, y desnuda a la burocracia peruana que mira de espaldas lo que sucede en los confines de la patria.

Hacia finales de la primera década del nuevo milenio aconteció el suceso más cruento de los últimos veinte años de la vida política del Perú, el cual se dio lugar en medio de la carretera Fernando Belaúnde Terry específicamente en el tramo denominado “la curva del diablo” que se ubica en la selva norte del país en el departamento de Amazonas, fue ahí donde grupos de comunidades nativas , Awajún y Wampis, se congregaron en abril de 2009 para bloquear la carretera y declararse en “insurgencia” frente al Estado peruano; este, hace algunos meses atrás, venía promulgando Decretos Legislativos que atentaban en contra del patrimonio natural de la Amazonía y que tenían como único fin el fortalecimiento del Tratado de libre comercio (TLC) recién firmado con los Estados Unidos .

En los primeros días del levantamiento la reacción por parte del gobierno central fue casi nula, como solía ocurrir con la mayoría de casos que se presentan en el interior del país, y solo se limitó a lamentables declaraciones por parte del en ese entonces mandatario, quien calificó tal acción como una conspiración orquestada por grupos subversivos internacionales; por otro lado, la población estaba decidida a continuar con el paro hasta la derogatoria de los Decretos legislativos. Este cierre implicaba la paralización comercial de las regiones Amazonas y San Martin, además del cese de actividades extractivas en la estación número 6 del oleoducto norperuano de Petroperú, el cual había sido tomado por la comunidad. Con el transcurrir de los días y en vista de que existía un ambiente de tensión en la zona se trató de entablar puentes para poder llegar a un conceso entre las partes, pero la insistencia del Ejecutivo en mantener su posición para que no caiga el TLC, la pasividad del Legislativo para tomar decisiones y la falta de empatía con los líderes indígenas que se encontraban en la capital para negociar no llevaron a ningún pacto.

En vista de que no se llegó a consolidar ningún acuerdo y luego de aproximadamente 50 días, la mañana del 5 de junio de 2009, el Ejecutivo, presidido por Alan García y bajo la disposición de la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, ordenó desalojar de “la curva del diablo” a toda la población protestante, intervención que fue ejecutada con la participación de efectivos policiales, operación que ,cabe mencionar, fue totalmente precaria puesto que no contaba con un plan estratégico de desalojo lo que conllevó una carnicería en medio de la carretera. Esta masacre que fue denominada como el “Baguazo” concluyó con un saldo de 33 muertos, entre policías e indígenas, y un desaparecido. Lo lamentable de tal masacre es que pareciera que el gobierno de turno esperara un acontecimiento de tal magnitud para que pueda atender la demanda de la población indígena porque es de conocimiento público que luego de esos sucesos fueron derogados los decretos legislativos en cuestión.

El hostil escenario que se presentó aquel 5 de junio hace 11 años en la selva amazónica nos demuestra la evidente incapacidad de comprensión de los diversos organismos gubernamentales con las comunidades originarias del país, y desnuda a la burocracia peruana que mira de espaldas lo que sucede en los confines de la patria.

Augustine Berlin